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Cortegana (Huelva). Enero.
Ataques racistas. Tras la detención de cuatro
hombres de etnia gitana como presuntos responsables de un asesinato, el
Alcalde de la localidad convoca una manifestación, supuestamente pací-
fica, que concluye de manera violenta cuando una parte de los 2000 manifestantes acude al lugar donde residen 250 personas gitanas, y provoca
numerosos destrozos en sus bienes materiales, aterrorizando a las familias,
que tienen que encerrarse en sus casas para evitar daños personales. El
caso, denunciado por diversas organizaciones, sigue pendiente en fase de
instrucción, y cuenta con la imputación de 14 personas, incluido el Alcalde.
Varios de los guardias civiles testigos de los hechos ya han declarando ante
el juez que la actitud de alguno de los vecinos tenía un carácter marcadamente racista.
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Madrid. Enero.
Discriminación en la Policía. Una mujer gitana mantiene
una discusión con la cajera de un supermercado, tras la que ella y su bebé
resultan agredidos. Después de ser atendida en el centro de salud, la afectada regresa al supermercado para interponer una reclamación, pero es
recibida por varios agentes de la policía, que la trasladan a una comisaría
junto a otro hombre, también de etnia gitana, al que acusan de haber estado robando aprovechando la pelea. Durante el trayecto, los agentes se
dirigen a la mujer de forma despectiva, y realizan numerosos comentarios
jocosos sobre sus lesiones. Cuando la afectada intenta interponer una denuncia por agresión contra la cajera, le comunican que no puede, ya que
ésta la ha denunciado primero, por lo que finalmente la víctima tiene que
acudir al Juzgado de Instrucción para ejercitar sus derechos.
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Córdoba. Mayo. Discriminación en los Bienes y Servicios. Con ocasión
de la Feria de Córdoba, un grupo de mujeres gitanas es expulsado de una
caseta por uno de los camareros, que alegaba que su Jefe “le había ordenado echarlas por ser gitanas”. Las mujeres, asesoradas por la FSG, interponen denuncia ante la Policía Nacional. A pesar de abrirse diligencias, la
Audiencia Provincial de Córdoba resuelve desfavorablemente y cierra la
investigación por no disponer de pruebas suficientes que justifiquen los
hechos denunciados.
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